Cancún, Q. Roo, 06 septiembre, poder&crítica.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha solicitado notificaciones rojas a la Policía Internacional (INTERPOL, por sus siglas en inglés) para ubicar y aprehender a funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo que se encuentran prófugos “o entran y salen del país”. Estas personas son parte del entramado de corrupción acusados de peculado y enriquecimiento ilícito en un desfalco de por lo menos 25 mil millones de pesos cometido durante el quinquenio de Borge preso actualmente en Panamá.
Dentro de la INTERPOL existe un reglamento conocido por los 190 países miembros que hacen parte. En su Artículo 82 habla sobre la finalidad de la notificación roja (ficha roja): “Las notificaciones rojas se publicarán a petición de una Oficina Central o una entidad internacional dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares”.
El titular de la FGE, Miguel Ángel Pech Cen, confirmó que ya se expidió la solicitud de colaboración a la INTERPOL para ubicar a colaboradores durante el quinquenio de Roberto Borge, sobre quienes hay órdenes de aprehensión. Pech dijo que varios ex funcionarios públicos se encuentran fuera del país o entran y salen, lo que llevó a la Fiscalía a pedir el apoyo de la Policía Internacional.
De las órdenes de aprehensión emitidas por jueces de control se han cumplimentado sólo seis, de las cuales cuatro de los ex funcionarios imputados se encuentran encarcelados de forma preventiva y dos siguen sus procesos en libertad.
Hoy están detenidos: el ex gobernador Roberto Borge, en Panamá; el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) Mauricio Rodríguez Marrufo en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Chetumal; el ex director de Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa) Carlos Acosta Gutiérrez y el ex procurador fiscal de esa paraestatal, Víctor Hugo Loyola Corona.
El fiscal dijo que se están litigando 15 demandas de amparo ante Juzgados de Cancún y Chetumal promovidos por funcionarios borgistas acusados de peculado, desempeño irregular de la función pública, enriquecimiento o aprovechamiento ilícito del poder. “Algunos están fuera del país, se la pasan fuera del país y regresan al estado o a otros estados y así constantemente por cuestiones migratorias”. Hemos tenido que preparar fichas rojas para que INTERPOL nos auxilie”, reiteró el Fiscal General de Quintana Roo. Agregó que además de integrar las carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos imputados invierten tiempo en litigar los amparos promovidos por los inculpados y las suspensiones que les son concedidas por los jueces.
Confirmó que la FGE comenzó a recibir las primeras denuncias del paquete de 27 que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) y que involucra a 84 ex funcionarios públicos.
MAGOS DEL ERARIO PÚBLICO
Entre los indiciados dados a conocer por la Fiscalía en junio pasado destacan: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación. Tiene varias denuncias penales y una de juicio político en su contra. Una de las demandas es por enriquecimiento ilícito. La asociación Civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo lo demandó por el desvío de mil 464 millones de pesos. El 10 de mayo solicitó un amparo para ser detenido.
Marilyn Rodríguez Marrufo es hermana del ex secretario de Desarrollo Urbano, primer colaborador de Borge en ser aprehendido. Ambos son hijos del procurador general de Justicia en el sexenio de Félix González, Bello Melchor Rodríguez.
Gabriela Medrano Galindo, ex diputada por el Partido Verde Ecologista. Se le acusa de presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a través del cabildeo de obras de construcción e inversiones en Quintana Roo.
Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario Estatal. Está incluida en la orden de aprehensión que se libró contra el ex gobernador. Ha solicitado dos amparos.
El tabasqueño Édgar Manuel Méndez Montoya, considerado el principal prestanombres de Roberto Borge, por el actual gobierno de Quintana Roo. Datos del Registro Público de la Propiedad indican que oficialmente tiene 12 propiedades, 3 en Cancún y 9 en Playa del Carmen. En su declaración ante Hacienda dijo que el 85% de sus ingresos era salario y el resto como empresario. Tiene tres aviones que facturaba el Gobierno del Estado. Es socio de tres empresas, las cuales se vieron beneficiadas en obras desde el primer año de la administración de Roberto Borge. Solicitó un amparo contra el titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita de la Seido. En Villahermosa, capital de su natal Tabasco, se le vincula con el actual presidente municipal de Centro, el perredista Gerardo Gaudiano, nieto de un ex gobernador. Miembros de la cúpula empresarial lo recuerdan como un niño criado al cobijo de los choferes y la servidumbre de su familia, pues su padre Edgar Méndez Garrido siempre ocupó cargos públicos.
También se investiga a José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación, quien tiene 11 propiedades distribuidas en Tulum, Cancún, Chetumal y Holbox; el 3 de abril solicitó un amparo ante una orden de aprehensión librada por el juez primero de lo penal en Quintana Roo.
Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex secretario del Trabajo. En el Registro Público de la Propiedad aparecen dos inmuebles a su nombre, uno en Cancún y otro en Isla Mujeres. Se le acusa de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum y propiedades habitacionales de gran lujo en Cancún. “La Secretaría del Trabajo en ese entonces permitió una simulación de un juicio con trabajadores falsos, a espaldas de Maioris, para poder hacerse de 4 departamentos, Maioris interpuso en el caso del tema laboral un amparo que nos fue concedido y por efectos de amparo se nos restituyó la posesión”, explica Francisco Simán, representante legal de Torre Maioris, en Cancún.
La ficha roja de INTERPOL también saldría para José Gabriel Mendicutti Loría, constructor y monopolista industrial de la masa y la tortilla acusado de favorecer a sus empresas desde los cargos públicos que tuvo como alcalde de Playa del Carmen y secretario de Infraestructura en el sexenio de Félix González Canto. Con Roberto Borge fue secretario de Agricultura y de Gobierno. Según datos del Registro Público de la Propiedad tiene18 bienes en Playa del Carmen.
Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente, fue rescatado por Roberto Borge, luego de que siendo presidente Felipe Calderón lo cesó del cargo de delegado de Semarnat en un acto público, por haber mandado a destruir manglar.
Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud, y Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dependencia que solicitó crédito por mil 660 millones de pesos, cuyo paradero se desconoce.
Eliezer Villanueva Lanz, subsecretario de Finanzas, considerado por el gobierno e Carlos Joaquín como el operador financiero de Roberto Borge. Fuentes oficiales dicen que ya salió del país y se encuentra en Líbano. En marzo pasado se libró orden de aprehensión en su contra.
BORGE FABRICÓ DESCOMUNAL DESFALCO
Roberto Borge enfrenta investigaciones por manejos irregulares de las finanzas públicas, desvíos y enriquecimiento ilícito, además de cargos que hace la Procuraduría General de la República (PGR) por un desfalco de 25 mil millones de pesos durante su gestión de 2011 a 2016.
Obra en poder de la Fiscalía denuncia por la venta irregular del patrimonio estatal estimado en 10 mil hectáreas, a familiares y amigos, a menos del 1% de su valor real. El Gobierno de l Estado tiene abiertas otras 100 investigaciones en contra de igual número de ex funcionarios públicos relacionados con una red de corrupción.
Explica Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría estatal: “Relacionados no quiere decir que todos necesariamente tengan imputaciones. Se proporcionaron elementos objetivos que permiten acreditar una serie de circunstancias y vínculos de operaciones, empresas, ex servidores públicos, familiares y empleados”.
Y añade: “Este entramado es característico de delincuencia organizada y de esquemas de corrupción donde no es que sea una sola persona para que la corrupción opere, tiene que operar a través de una serie de redes”.
El funcionario estatal señaló que el Gobierno de la República tiene elementos para entrar a fondo en la investigación porque cuenta con acceso directo al sistema financiero nacional, así como a una serie de autoridades, incluso hacendarias, con la finalidad de rastrear dinero público utilizado en otros fines o no aplicado.
“También pueden analizar las capacidades económicas en las operaciones que realizaron. El momento en que nacen las empresas, cómo surgen y se capitalizan, de donde salen los recursos. Todo eso evidentemente se ha acreditado dentro de los expedientes y forma parte muy importante de las investigaciones”, abundó.
CORRUPCIÓN, CRIMEN SIN FRONTERAS
Dania Reyes Medina, directora de área de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol (DGAPII) explica que la corrupción es universal. “Afecta a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la sociedad, pero el impacto es mayor en los países en desarrollo”.
–¿Cuáles son los efectos de la corrupción?
Son de largo alcance. La corrupción puede socavar la estabilidad política, social y económica y, en última instancia, amenazar la seguridad y la seguridad de la sociedad en su conjunto.
-¿Qué tanto habría afectado en Quintana Roo estas prácticas de corrupción?
La corrupción crea un terreno fértil para las actividades criminales organizadas, incluso el terrorismo, ya que los criminales son ayudados en sus actividades ilegales por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La globalización económica ha convertido a la corrupción en un crimen sin fronteras. El mundo competitivo de las empresas internacionales puede dejar a las empresas expuestas a sobornos y prácticas financieras fraudulentas. Las transacciones corruptas pueden atravesar múltiples jurisdicciones, lo que hace que la investigación policial resultante sea larga y compleja.
-¿Qué hace INTERPOL?
La capacidad de coordinar la acción mundial es vital para los sistemas policiales y judiciales del mundo. Las iniciativas de INTERPOL incluyen: La Red Global de Puntos Focales para la Recuperación de Activos, que ayuda a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a devolver los fondos públicos robados a los países víctimas. Accesible a través de la red global segura de comunicaciones policiales de INTERPOL (I-24/7), la plataforma permite a los usuarios autorizados intercambiar información y coordinar mejor sus investigaciones. Entre las herramientas que se ofrecen es SECOM, una capacidad segura de correo electrónico basada en la web. También se brinda apoyo operativo: Podemos coordinar reuniones de trabajo entre los países miembros para facilitar investigaciones que abarquen más de una jurisdicción. Capacitación: El éxito en la recuperación internacional de activos depende de una investigación sólida y creíble. INTERPOL ofrece a los investigadores y fiscales talleres regionales de capacitación, centrados en las pruebas, a través del Programa Mundial de Lucha contra la Corrupción, Delitos Financieros y Recuperación de Activos.
-¿Cómo va a colaborar INTERPOL?
Las complejidades de la corrupción internacional requieren una respuesta multisectorial y transfronteriza. Como tal, trabajamos estrechamente con varios socios para luchar contra la corrupción a nivel mundial. Las actividades incluyen el fomento del intercambio de información, el establecimiento de mejores prácticas y la capacitación de oficiales de todo el mundo.
noticiaspedrocanche