Antonio Manrique Mac, anciano de 72 años, fue despojado de su rancho La Caverna, por José María Rejón de la Guerra, quien mediante un entramado fraudulento, simuló la compra del rancho de 37 hectáreas, ubicado en Akumal, y el cual cuenta con hermosos cenotes; ahora un juez le otorgo un amparo y todo indica que la propiedad le será devuelta y el defraudador terminará en la cárcel.
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PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Originario de Chemax, Yucatán, el señor Antonio Manrique Mac llegó hace 40 años a la Riviera Maya cuando sólo era selva. Se estableció en Akumal, Quintana Roo, donde se dedicó a la extracción de chicle y a sembrar milpa.
Veinte años después, el señor Antonio Manrique se hizo de un rancho que con el tiempo fue vendiendo algunas hectáreas y rentando otras para poder mantenerse en su vejez.
Y así ocurrió, hasta que hace tres años, a través de una operación fraudulenta, se lo despojó José María Rejón de la Guerra, hermano de Gabriela Rejón, esposa del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
“Yo no quería vender, el cuñado del gobernador me engañó, me dijo que la esposa del gobernador lo quiere porque lo vio bonito, le gustó”, relató en anciano a una televisora nacional.
La semana pasada Antonio, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, con lo que el juez de control del Poder Judicial de Quintana Roo deberá llamar a una nueva audiencia en la que se debatirá el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General del Estado dentro de la carpeta de investigación en la que Manrique Mac denunció a José María Rejón de la Guerra y otras personas.
La sentencia de Amparo dictada dentro del expediente 784/2020 el 10 de diciembre del año pasado, quedó firme en días recientes luego de que el cuñado del Gobernador, José María Rejón de la Guerra, como tercero interesado, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución, ni tampoco lo hizo el juez del sistema penal acusatorio en su carácter de autoridad responsable.
Antonio Manrique Mac, anciano de 72 años, fue despojado de su rancho La Caverna, por José María Rejón de la Guerra, quien mediante un entramado fraudulento, simuló la compra del rancho de 37 hectáreas, ubicado en Akumal, y el cual cuenta con hermosos cenotes.
La compraventa del rancho La Caverna se realizó ante el notario 85 de Mérida, Yucatán, Rodolfo Cerón Palma, quien a pesar de las evidentes condiciones de indígena, de discapacidad y de ignorancia del señor Antonio Manrique, dio fe del ventajoso contrato con el que el contador Rejón de la Guerra simuló la compraventa del rancho.
Al darse cuenta de la pérdida de su rancho, y único patrimonio, el 31 de agosto de 2019, Manrique Mac, acudió a la Fiscalía de Tulum a interponer su denuncia, abriéndose la carpeta de investigación FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019, la cual, en tres meses fue concluida con un no ejercicio de la acción penal, decretado por el fiscal Jeans Gaspari Chable Yupit, y aprobado por la entonces vice fiscal de Tulum, Estela Noemí Labastida Rodríguez y por el vice fiscal general, Alfonso Marcos García Ramírez; a pesar de las evidentes violaciones al derecho humano de acceso a la justicia de Antonio Manrique.
Después de interponer su denuncia, el señor Antonio Manrique nunca volvió a tener acceso a la misma, puesto que los fiscales Chable Yupit y Estela Labastida, no le permitieron a él ni a sus familiares consultar los registros y mucho menos pudieron conocer los actos de investigación que se realizaban a favor del cuñado del Gobenador, José María Rejón de la Guerra, hermano de Gabriela Rejón de Joaquín.
En la carpeta de investigación es evidente que Antonio Manrique no contó con un asesor jurídico, ya que aunque se le nombró a una asesora de la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo en la persona de Fernanda Adriana Leo Barney, ésta nunca lo contactó y tampoco solicitó ningún acto de investigación en favor del anciano maya ni se opuso al no ejercicio de la acción penal decretado de forma meteórica por el Ministerio Público.
Otra irregularidad grave dentro del procedimiento penal, fue que la determinación de no ejercicio de la acción penal le fue notificada a Antonio Manrique Mac a través de los estrados de la Fiscalía de Tulum, por lo que se enteró de la misma meses después, a través de anteriores abogados que le ofrecieron ayuda, y quienes solicitaron audiencia ante el juez de control para impugnar la determinación del Ministerio Público.
Sin embargo, llegada la fecha de audiencia, el 6 de agosto de 2020, los entonces abogados de Antonio Manrique renunciaron como sus asesores jurídicos, sin que el anciano maya y su hija, quien funge como su traductora se presentaran a la misma por encontrarse enfermos. Ante su inasistencia, el juez de control desechó la impugnación.
Por lo anterior, el juzgador federal consideró que se violó el debido proceso y de acceso a una tutela judicial efectiva en perjuicio de Antonio Manrique Mac en virtud de que no fue notificado personalmente de la audiencia de 6 de agosto y tampoco se le explicó cuál era la trascendencia de su incomparecencia, máxime que se trata de un adulto mayor, discapacitado y con dificultad para comprender el idioma español; por lo que otorgó el amparo y protección de la justicia a efecto de que se reponga la audiencia y se le notifique personalmente de la misma.
Con lo anterior, el Poder Judicial de Quintana Roo deberá fijar una fecha de audiencia para que los abogados Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos, impugnen la determinación del no ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General del Estado, lo que podría reabrir la carpeta de investigación en contra de José María Rejón de la Guerra.
LA HISTORIA DEL DESPOJO
El despojo empezó cuando Cecilia Parra, operadora del cuñado del gobernador, se acercó al señor Antonio Manrique para ofrecer rentar el rancho, a fin de que tuviera mayores ganancias, y así ocurrió durante un tiempo, hasta que la mujer comenzó a presionar para vender la propiedad.
Ante la negativa decidió engañar al señor de 73 años, con estudios inconclusos de primaria y cuya lengua materna es el maya, a quien llevó por la fuerza ante un notario público en Mérida, Yucatán.
“Un día llegó Cecilia con policías, en cada esquina de la casa había patrullas y le hizo creer a mi papá que iban por él para que se lo llevaran a la fuerza. Ya en la Notaría, en vez de que firmara un contrato de arrendamiento, como le dijeron, fue uno de compra-venta”, relató María Manrique, hija del señor.
En la reunión, el personal del cuñado del gobernador le mostró un portafolios con más de 5 millones de pesos al señor Antonio Manrique asegurándole que se los entregarían, pero no en ese momento por su seguridad.
“Nos dijeron que si nos llevábamos el dinero nos iban a retener en la salida a Mérida y que cómo íbamos a acreditar que ese dinero era limpio, que era más probable que nos acusaran de lavado de dinero y que toda la familia se iba a ir a la cárcel”, contó María Manrique.
Ahora el plan era darle dar apariencia de legalidad a esta operación, y, en otro “paseo”, Cecilia Parra, operadora del cuñado del gobernador de Quintana Roo, llevó al señor a abrir una cuenta en un banco; ella quedó con acceso a ésta por el desconocimiento de Antonio Manrique de tales operaciones.
A esta cuenta, el cuñado del gobernador de Quintana Roo depositó y transfirió unos 7 millones 500 mil pesos para simular que cumplía con la compra del rancho.
Pero un día después, esos recursos fueron retirados, una parte, en un cheque de caja y otra mediante una transferencia de la cuenta del señor Antonio Manrique a favor del el cuñado del gobernador de Quintana Roo.
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Despojo llegó a Palacio Nacional
Cuando la familia de Antonio Manrique se dio cuenta del fraude decidieron recurrir a abogados para intentar recuperar el rancho; en respuesta, el cuñado del gobernador lo demandó por denuncias falsas y falso testimonio.
“Me denunciaron a mí, ¿por qué me van a denunciar? Ellos me deben pagar y no me han pagado, mira qué hicieron, hasta alambraron todo el rancho”, exclamó Antonio.
Debido al cúmulo de irregularidades jurídicas y de derechos humanos que han habido en este caso, la abogada del anciano maya decidió recurrir al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en conferencia de prensa la remitió con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo que de poco ha servido porque las irregularidades continúan.
“En una audiencia, por ejemplo, la magistrada se da cuenta que el señor comparece pero no entiende realmente el español, por lo que esa audiencia se tuvo que diferir y se tuvo que señalar una nueva fecha con un traductor, intérprete del maya para que el señor pudiera estar, pero al final eso no lo tomó en cuenta la magistrada y resolvió a favor del cuñado del gobernador”, explicó Fabiola Cortés.
Durante el proceso legal, el cuñado del gobernador de Quintana Roo ha defendido la legalidad de la venta. “Me da coraje porque me quitaron el rancho, una cosa bonita”, lamentó Antonio Manrique Mac.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Fabiola Cortés, abogada periodista independiente, acusó al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, de permitir la compra/venta fraudulenta de un terreno propiedad de un anciano maya con discapacidad, además del acoso y amenazas por haber dado difusión al caso.
El beneficiario de la transacción fraudulenta es el cuñado del mandatario quintanarroense, José María Rejón de la Guerra, ya que simuló el pago de 6 millones de pesos de un terreno de 37 hectáreas.
Fabiola Cortés asegura que el señor Antonio nunca recibió el dinero, que se abrió una cuenta bancaria a su nombre y realizaron para aparentar el pago y usaron parte de la cantidad para el pago de los impuestos.
Agregó que, tras dar a conocer este caso en diciembre del 2020, el gobernador Carlos Joaquín le ha fincado 3 carpetas de investigación en su contra.
Sobre este caso, el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca, ha respondido en entrevistas que el caso es un litigio por unas tierras por parte de dos particulares, rechazando que se trata de un anciano desamparado, al insistir que son terrenos que valen millones de pesos.
Sin justificar o explicar el no ejercicio de acción penal, el fiscal ha dicho que quien esté inconforme con esta decisión puede recurrir a las instancias correspondientes, sin llevar el tema a lo mediático.