Cancún, Q. Roo, 15 junio, poder&crítica.- Al menos ocho exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo se han amparado contra cualquier detención, luego que desde noviembre de 2016 se han dado a conocer investigaciones por parte de autoridades estatales y federales por su presunta participación en los desfalcos sistemáticos que se presentaron en la entidad.
El miedo de ser detenidos en cualquier momento por la Procuraduría General de la República (PGR) es latente dentro del círculo íntimo de exfuncionarios borgistas, donde incluso las investigaciones han llegado hasta el Líbano, con la intensión de aprehender a quienes son los presuntos responsables de la red de desfalco de 22 mil millones de pesos en Quintana Roo.
Entre los exfuncionarios que se encuentran amparados están Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE; Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario; Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); José Alberto Alonso Ovando, extitular de la Comisión de Alcantarillado y Agua Potable (CAPA) y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), entre otros.
Fue a partir del 16 de noviembre de 2016, horas después de la confirmación del gobierno del estado de al menos 10 investigaciones contra Roberto Borge Angulo y sus ex colaboradores, que comenzó una escalada de solicitudes de amparos ante juzgados estatales y federales de integrantes del circulo cercado del exmandatario, a fin de evadir las acciones de la justicia.
Para mayo de 2016 la sombra de las investigaciones ya oprimía al círculo familiar de los Borge Angulo, que María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exmandatario, solicitó un amparo contra cualquier acto de detención en su contra. Días después su hijo fue detenido en un aeropuerto de Panamá, momentos previos de abordar un avión que lo llevaría a Paris, Francia.
Entre los nombres que se manejan se encuentran en calidad de indiciados son Édgar Manuel Méndez Montoya, considerado el principal prestanombres de Roberto Borge, por el actual gobierno de Quintana Roo, solicitó un amparo contra el titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita de la Seido.
Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se encuentra amparado desde el 10 de mayo para evitar su detención, no obstante, es una de figuras clave para entender en su cabalidad el alcance del desfalco borgista. Claudia Romanillos Villanueva, extitular del Instituto del Patrimonio Estatal, está incluida en la orden de aprehensión que se libró contra el exgobernador y quien ha solicitado dos amparos.
Amparado también se encuentra el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, reconocido públicamente como uno de los principales ejecutores de los despojos de predios, hoteles y departamentos en Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Lima Carvajal promovió el amparo 483/2017 en contra del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que acordó enviar a la XV Legislatura el expediente abierto en su contra luego de que no presentara su declaración patrimonial dentro de los 60 días de haber entrado en funciones.
José Alberto Alonso Ovando, extitular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), se encuentra amparado desde el pasado tres de abril.
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, quien se desempeñará como titular de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), solicitó días atrás un amparo, el cual le fue otorgado. En este caso, el nombre del funcionario no ha salido a la luz como indiciado en las investigaciones, pero el hecho de que busque un amparo señala su preocupación respecto a las investigaciones.
Mauricio Rodríguez Marrufo, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la administración de Roberto Borge Angulo, era uno de los funcionarios que habían buscado el amparo y protección de la justicia al promover al menos un amparo.
El juicio de garantías de Rodríguez Marrufo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito bajo el número 513/2017, en contra del Agente del Ministerio Público y otras autoridades.
El pasado ocho de mayo estaba programada la celebración de la audiencia incidental en la que se resolvería la suspensión en contra de una posible orden de aprehensión, sin embargo, un Juez de Control de Chetumal se le adelantó al funcionario y entregó la orden que policías ministeriales cumplimentaron el cinco de mayo.
En el caso de Elienzer Villanueva Lanz, subsecretario de Finanzas, considerado por la actual administración estatal como el operador financiero de Roberto Borge, no puede ser localizable, pero fuentes oficiales aseguran que ya salió del país y se encuentra en Líbano, sin embargo, también solicitó un amparo.
Incluso, la Fiscalía General del Estado, en ruedas de prensa dadas a conocer días atrás, aseguraba que se buscaba a los presuntos culpables en Yucatán, el centro del país, Florida, Bahamas, Panamá, e incluso el Líbano.