Poder y Crítica | Redacción | En julio de 2022 el Gobierno de México celebró un avance significativo en el Plan Nacional de Reconstrucción (PNR), destinado a reparar los estragos causados por los terremotos de 2017 y 2018. Con una inversión de más de 33.000 millones de pesos, equivalente a unos mil 600 millones de dólares, se dijo que el PNR ha sido un proyecto crucial para la nación. No obstante, a seis años de la tragedia, existen faltantes en las obras de reconstrucción.
Aquel año la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de México, Edna Vega Rangel, quien lidera el PNR, reportó en un avance del 90 por ciento. Vega Rangel destacó la diferencia en la respuesta del gobierno en comparación con los terremotos de 1985, cuando la atención a los afectados llevó una década en concretarse.
En agosto de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Programa Nacional de Reconstrucción concluirá en diciembre. A lo largo de los años, se han llevado a cabo un total de 69 mil 224 acciones, con una inversión de 29 mil 210 millones de pesos, en 854 municipios de 10 estados de México. Sin embargo, aún hay 775 sin terminar.
Sin embargo, este proceso no ha estado exento de desafíos y obstáculos. Un ejemplo destacado es el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, liderado por Francia Gutiérrez. Después de una lucha que abarcó más de dos años contra el desinterés de las autoridades, finalmente lograron obtener apartamentos nuevos, incluso más grandes que los que se derrumbaron en 2017.
A pesar de estas palabras, aún existen cientos de familias que continúan sin hogar debido a los atrasos presentados por las autoridades.
Para la CDMX, la exjefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, prometió completar las obras en el primer semestre de 2022, pero a la fecha siguen sin terminarse. En agosto de 2023, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que se ha logrado un avance del 92 por ciento en la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017.
El Jefe de Gobierno destacó que esta política de reconstrucción sin precedentes evita que los damnificados se conviertan en deudores de la banca para recuperar su patrimonio. Más allá de devolver viviendas, se trata de proporcionar viviendas seguras y gratuitas, y en la mayoría de los casos, en el mismo lugar donde vivían antes del terremoto. Esto fortalece los lazos comunitarios y la cohesión social.