Poder y Crítica| Redacción | Arturo Pech Martínez, titular de la Dirección de Tránsito Municipal de Solidaridad, estaría incurriendo en prácticas de conflicto de intereses.
La elaboración ventajosa y arbitraria del rol de servicios, días de guardia y guardias de reposición de grúas, es el principal eje de un conflicto que podría concluir en la destitución e inhabilitación del funcionario, quien es uno de los socios principales de la empresa Grúas Grupo Riviera Playa del Carmen.
Arturo Pech Martínez fue designado el 5 de octubre para el cargo de director de tránsito municipal que actualmente ostenta en la administración de la presidenta municipal Lili Campos, en acto protocolario en que a los nuevos funcionarios se les exhortó a trabajar en el marco de la legalidad y en pleno respeto a las garantías individuales, en aras de devolver la tranquilidad a los solidarenses, sobre todo por los antecedentes de anteriores administraciones.
Pese a dichas peticiones por parte de la alcaldesa en beneficio del buen gobierno y servicio leal a la comunidad, Pech Martínez no estaría llevando a buen puerto su desempeño.
El vínculo de la Dirección de Tránsito con el servicio de arrastre de vehículos estaría siendo su talón de Aquiles, al monopolizar los días de trabajo y asignaciones en beneficio de sus propios intereses.
De hecho, en un principio no llevó a cabo el protocolo ni el requisito de la elaboración del mencionado rol de servicios de grúas conforme a lo establecido para el buen funcionamiento de estas actividades en el trabajo de la Dirección de Tránsito, por lo que todas las necesidades de arrastre de vehículos las cubría Grúas Grupo Riviera Playa del Carmen.
Esto trajo consigo las inminentes protestas y quejas por parte de las demás empresas de grúas en la localidad, que al verse marginadas sin ninguna explicación, exigieron cumplir cabalmente con este compromiso.
La situación escaló de tal modo que hubo necesidad de la intervención de un juez que instó a través del expediente con número 562/2020, a elaborar e informar a las partes competentes el rol de prestación de servicios de grúas.
El rol se elaboró, pero aparecen nombres de empresas de arrastre de vehículos que no están registradas en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), y en cuyas constituciones de sociedad ante el Registro Público de Comercio del municipio de Solidaridad aparecen como socios L.S.B.B. y E.I.B.B. al parecer familiares de Erik Borges Yam, actual presidente del municipio José María Morelos y quien en anteriores reportajes ha sido señalado por apropiarse del negocio de grúas en Playa del Carmen.
Por ejemplo, tan solo en el rol de guardia del mes de junio, los días 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 26 y 30 están asignados ya sea a la empresa Borbal Grupo Automotriz (que presenta como principal socia a L.S.B.B.), a Inmobiliaria Erase (donde L.S.B.B es socia junto con E.I.B.B.), y a Grupo Automotriz San Cono (E.I.B.B. aparece como el socio principal).
Además de que dichos negocios no cuentan con registro ante el Imoveqroo, sus nombres tampoco aparecen en internet, con excepción de Grupo Automotriz San Cono, cuyo nombre sí lo detecta la red pero en el portal efirma.com, y no como una empresa de arrastre de vehículos.
Es decir, el rol de servicios de grúas exigido por el juez al director de Tránsito Municipal de Solidaridad, efectivamente fue elaborado, pero al parecer solo en cumplimiento a un mero requisito, pues a final de cuentas estaría prevaleciendo la intención de beneficiar solamente a un grupo selecto del cual Arturo Pech Martínez podría ser parte.
Cabe mencionar que a menos de un mes de haber asumido el cargo, se dio a conocer que Pech Martínez habría incurrido en actos de extorsión, cuando se publicaron audios en los que estaría advirtiendo (prácticamente amenazando) a los hombres y mujeres que trabajan en las empresas dedicadas al arrastre de vehículos al señalar: “o se alinean a mi empresa o solo yo trabajo aquí”.