Cancún, Q. Roo, 08 agosto, poder&crítica.-Familiares de víctimas y voces de la sociedad, como el obispo Pedro Pablo Elizondo, y el ex dirigente del CCE, Eloy Peniche, exigen ejecuten renuncia del Fiscal estatal Miguel Ángel Pech ante la falta de resultados.
A pesar de que tanto dirigentes empresariales, religiosos y de Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos, exigen resultados en contra de la delincuencia y ante sobrada incapacidad del Fiscal estatal Miguel Ángel Pech Cen, para detener y procesar a los perpetradores de más de 500 homicidios de 2017 a la fecha solo en Cancún, incluso su salida, éste se resiste a dejar la Fiscalía General del Estado.
En el Congreso del estado, el diputado del PAN, Jesús Zetina Tejero, demandó su comparecencia para de propia voz escuchar lo que ha hecho para detener la ola delincuencial que azota la entidad, sin embargo hasta la fecha, ni lo uno (su renuncia), ni lo otro (su despedido), ocurre.
Y es que los diputados de la XV Legislatura toman la iniciativa de darle las gracias, lo que ha dejado en la indefensión a casi dos millones de habitantes en la entidad y sobre todo, continua el hampa actuando sin restricción alguna, pues se siente como pez en el agua, actúa en completa impunidad.
También el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Eloy Peniche Ruiz, reconoció que los empresarios viven en el sobresalto, pues ni sus empleados están a salvo de sufrir asaltos y otros delitos a plena luz del día.
El mismo presidente del Observatorio Legislativo y dirigente de las Plazas Comerciales, Eduardo Galaviz, se pronunció en la misma tónica, en el sentido de que son casi dos años de que entró en funciones y no se han visto resultados contundentes.
Se resiste a dejar el cargo
Hace una semana, el fiscal Miguel Ángel Pech, aseguró que no está en sus planes presentar su renuncia al cargo y dijo que fue nombrado por el Congreso del Estado para desempeñarse como Fiscal por un periodo de nueve años y hasta el momento no le han solicitado su renuncia de manera oficial.
Al día de hoy no está en mis planes; sin embargo, el Congreso tendrá que tomar la mejor decisión”, reconoció
La caía de Paullada
A finales del pasado mes de abril, tuvo que dejar el cargo como director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Cristóbal Mena Paullada, después de que en unos videos, supuestamente despoja de terrenos a los propietarios de un inmueble en Puerto Morelos, donde se aprecia a los ministeriales golpear a una familia para despojarla de un inmueble que ha sido por ellos durante más de 15 años, señalo Raúl Fernández León.
El delegado de esta Comisión de los derechos humanos, comentó que por esta defensa que están haciendo a esta y otras familias que están sufriendo de los abusos de la fiscalía general del estado, cabe resaltar que esta ONG está siendo perseguida por parte de agentes ministeriales y personal de la fiscalía. De la misma forma, Fernández León destacó que está bajo el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación ya que ha sufrido amenazas y atentados contra su persona, por lo que teme por su vida.
Sin detener a sus mismos compañeros
Pero no solo esto, la negligencia llega al extremo que a pesar de existir ordenes de aprehensión libradas en contra de agentes ministeriales por la tortura de Héctor Cacique a quien torturaron y acusaron falsamente de ser uno de los responsables de la ejecución que ocurrió en el bar La Sirenita en marzo de 2013 en Cancún.
Cacique estuvo en prisión tres años y seis meses en el gobierno de Roberto Borge, hace 9 meses quedó en libertad y recibió disculpa pública por parte de la actual Fiscalía General del Estado.
A Héctor Cacique posteriormente lo asesinaron en la delegación Alfredo V. Bonfil, donde también murió otro hombre, de la totalidad de agresores no se supo nada, a pesar de que si lograron detener a un sicario.
Cabe destacar que la familia de Cacique Fernández mantuvo un intenso activismo para desmostar no solo que no participó en el multihomicidio, sino que además fue víctima de tortura.
En la cárcel sufrió varios atentados, e incluso se desataron motines a efecto de lesionarlo, documentó en su oportunidad la Visitaduría de Cancún de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.
La familia obtuvo una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia ordenó ejercer acción penal en contra de 35 miembros de la Procuraduría, que participaron en la tortura en agravio de Cacique Fernández.
En su oportunidad, familiares de Héctor Cacique denunciaron que fue aprehendido por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, a quien El Diablo le exigió la devolución de 75 mil pesos que pagó a cambio de una plaza en esa corporación, misma que nunca le fue concedida.
Finalmente, después de tres años y seis meses de prisión, hace 9 meses, Cacique Fernández dejó el Centro de Reinserción Social (Cereso).
Fuente:laverdad